El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para introducir un recargo a las viviendas desocupadas de los grandes tenedores de inmuebles de la ciudad.
Esta modificación parte de una moción presentada hace unos meses por el Grupo Cuenca en Marcha y para su debate el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha precisado algunos de sus conceptos. En concreto, ha aclarado que dentro de estos “grandes tenedores” se han incluido a los titulares de cuatro o más viviendas adicionales a su residencia habitual, por lo que esta medida afectaría, según los datos recopilados, a 549 propietarios en 2024.
Respecto a la definición de vivienda desocupada de forma permanente, tendrán esa consideración aquellas que estén sin uso de forma injustificada durante un plazo de dos años y para averiguarlo se harán comprobaciones en el consumo de suministro eléctrico y agua.
La modificación fiscal, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha y el voto en contra de PP y Vox, propone un recargo del 50% a las viviendas desocupadas durante 2-3 años, del 75% hasta el quinto y del 100% cuando lleven sin uso seis años o más.
Martínez Melero ha defendido en el pleno que el objetivo de este recargo “es disuasorio más que recaudatorio”, para que estas viviendas tengan un uso.
Por su parte, la concejala de Cuenca en Marcha María Ángeles García ha agradecido al equipo de Gobierno la celeridad para llevar esta propuesta de recargo de su formación al pleno y ha señalado que, según los datos recabados, entre estos grandes tenedores hay bancos y empresas, algo que ha confirmado el concejal de Hacienda, que no sacan al mercado estas propiedades por un interés especulativo.
La moción ha sido rechazada por el Grupo Popular, que ha abogado por bonificar a los propietarios y ha señalado las dudas que plantean los informes de la interventora y del secretario, que es desfavorable, según ha apuntado el concejal Juan Guadalajara.
Vox también ha votado en contra, porque consideran que este no es el sistema para que los propietarios saquen la vivienda al mercado, sino que habría que abordar, según ha defendido su portavoz Rafael Rodríguez, la “falta de seguridad jurídica” de los propietarios ante posibles impagos.
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